Socio de Global Practice México, a cargo de la práctica de consultoría jurídica en la Institucionalización de Empresas Familiares y Gobierno Corporativo.
Dentro de los retos modernos que enfrentan las organizaciones privadas, sin duda encontramos los factores que las convierten en empresas sostenibles a través de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno (ESG por sus siglas en inglés). No obstante, es crucial cuidar en todo momento que ello no afecte el fin primordial para las que fueron creadas, el generar riqueza.
Un logro primordial para las empresas radica en que sus órganos de gobierno pongan su mirada en estos factores de sostenibilidad, que a largo plaza traerá a sus organizaciones beneficios significativos al interesar o atraer a inversionistas, clientes, proveedores y, por supuesto, atraer y retener al capital humano. Por esto, el Consejo de Administración debe considerar incentivar una gestión eficiente, oportuna y transparente que permita adoptar y vigilar el cumplimiento los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza.
Como sociedad, debemos preocuparnos cada día más por el medio ambiente, la igualdad de género, reducción de la pobreza, la salud y bienestar social, entre muchos otros factores. Por lo tanto, es de suma importancia que los órganos de gobierno de las organizaciones en las que participemos, ya sea directa o indirectamente, presten atención inmediata a los temas de sostenibilidad e implementen indicadores ESG como parte de su gestión de riesgos. Esto les permitirá afrontar los retos actuales en estos importantísimos temas.
Ante esta interesante coyuntura, nos enfrentamos al panorama normativo que existe en México, el cual sirve como parámetro y objetivo de cumplimiento para las empresas. Desafortunadamente, en México no ha sido desarrollado lo suficiente la normatividad en este sentido, a diferencia de países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y los países que integran la Unión Europea, los cuales han establecido un sistema de regulaciones en materia de ESG que imponen a las empresas para su cumplimiento riguroso.
Es fundamental que México establezca una normatividad más sólida y contundente que obligue a abordar estos temas. Permitirá que las empresas se adapten al entorno internacional actual y puedan crecer de forma sostenible sin afectar tanto al medio ambiente, al tiempo que brindan una mejor calidad de vida a sus colaboradores. Haciendo esto, México estaría dando cumplimiento a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre sus objetivos el proteger el medio ambiente y a las personas, permitiendo a las organizaciones evitar riesgos y pérdidas económicas.
Si bien México tiene firmado el convenio de colaboración para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial, en el que se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); entre los que se consideran factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), no existe una normativa especial aplicable a las empresas a la cual estén obligadas a seguir y que permitiría determinar los índices de cumplimiento y clasificación de las empresas en su grado de observancia.
Si bien México ha firmado por parte de nuestros órganos legislativos distintas iniciativas y reformas legales relacionadas, entre otros aspectos, para la debida diligencia en materia de derechos humanos, para la paridad de género en los consejos de administración, relacionados con la economía circular, con apropiación cultura, el sistema de cumplimiento para evitar temas de corrupción, prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo, sin embargo, muchos de ellos aún están del proceso legislativo y otros ya incorporados a las leyes vigentes pero que no confieren un espectro global de los factores ESG.
Esta situación ha llevado a las organizaciones a crear y adoptar lineamientos internos que den cumplimiento a los factores ESG, y junto con organizaciones nacionales e internacionales, se han impulsado el desarrollo de normas y lineamientos que permiten a las empresas tener un parámetro más objetivo en esta materia, tal es el caso del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) que recientemente ha presentado su plan de trabajo que incluye plan de desarrollo de las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) o a nivel internacional, siguiendo los estándares y marcos que ya existen y que otros países han adoptado, como Sustainability Accounting Standards Board (SASB) aplicable para empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos o Global Reporting Initiative (GRI) aplicable para empresas de la Unión Europea.
Es imprescindible fomentar y promover en toda la organización una cultura de implementación y supervisión de los factores ESG y no limitarlos únicamente al ámbito del Consejo de Administración. Por lo tanto, resulta fundamental lograr una inclusión e interrelación entre el Consejo de Administración y la alta dirección de la empresa. Deben trabajar en conjunto para definir la estrategia corporativa, la comunicarla adecuadamente y designar a los responsables dentro de la organización para la supervisión, gestión y cumplimiento de los factores ESG, por supuesto, con la normatividad que les es aplicable.
Recordemos que un buen Gobierno Corporativo, el cual regula la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, también establece las relaciones entre los accionistas, el consejo de administración, la alta dirección y el resto de las partes interesadas. Por lo tanto, este enfoque integral y colaborativo es esencial para asegurar la implementacion efectiva de los factores ESG en toda la organización